Una coalición integrada por contribuyentes estadounidenses, juristas y organizaciones de derechos humanos presentó el 11 de noviembre de 2026 ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) una denuncia contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros altos cargos de ese país. La iniciativa solicita que se investigue su presunta responsabilidad por complicidad en actos que los denunciantes califican como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad atribuidos a Israel en la Franja de Gaza.
La presentación tuvo lugar en la sede de la CPI, en La Haya, bajo el auspicio de la Alianza de Contribuyentes Contra el Genocidio (TAAG, por sus siglas en inglés). Según informó la organización en un comunicado, la denuncia reúne el resultado de una investigación desarrollada durante casi un año y fue entregada directamente a la Fiscalía del tribunal.
Material entregado a la Fiscalía
La coalición afirmó que la documentación incluye declaraciones juradas de médicos que trabajaron en Gaza, testimonios de testigos presenciales y denunciantes, registros audiovisuales y documentos sobre el respaldo estadounidense a Israel. Los promotores de la denuncia sostienen que ese apoyo habría incluido varios ámbitos de cooperación y asistencia:
- suministro de armas;
- asistencia financiera;
- protección diplomática;
- respaldo político.
La TAAG sostiene que esos elementos demostrarían una participación directa de determinados funcionarios estadounidenses en los hechos denunciados. La presentación, sin embargo, corresponde a una solicitud dirigida a la Fiscalía de la CPI: el contenido difundido no informa de la apertura de una investigación, de una decisión sobre la competencia del tribunal ni de una conclusión judicial sobre la responsabilidad de las personas señaladas. Por tanto, las imputaciones permanecen en el ámbito de las alegaciones formuladas por la coalición.
«El derecho internacional sigue siendo el último instrumento pacífico del que disponemos para hacer frente a la injusticia y abrir el camino hacia adelante».
La declaración fue realizada por Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, durante una rueda de prensa celebrada en La Haya después de la entrega de la denuncia. Albanese afirmó que existen mecanismos jurídicos para actuar, aunque, según sus palabras, faltaría «voluntad política» para aplicarlos. La relatora no actúa como parte de la Fiscalía de la CPI ni como jueza del tribunal, y su intervención, tal como fue recogida, se limitó a valorar la disponibilidad de instrumentos jurídicos internacionales.
Reclamo contra la impunidad
Durante la misma comparecencia, integrantes de la delegación y activistas internacionales de derechos humanos reclamaron que se investigue a los funcionarios estadounidenses que, a su juicio, habrían contribuido a los crímenes denunciados contra la población palestina en Gaza. La coalición vinculó esa acusación con la continuidad del apoyo militar, financiero, diplomático y político de Estados Unidos a Israel.
La información difundida por Tercera Información no recoge una respuesta de la Casa Blanca, del Departamento de Estado estadounidense, del Gobierno israelí ni de las personas mencionadas en la denuncia. Tampoco detalla qué actuaciones procesales podría adoptar la Fiscalía de la CPI tras recibir el material. En el estado descrito, el expediente se encuentra en la fase de presentación de información y solicitud de investigación, sin que la fuente comunique una resolución del tribunal sobre los hechos o sobre la posible responsabilidad penal de los denunciados.
