La presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la jueza japonesa Tomoko Akane, denunció ante la Asamblea General de Naciones Unidas las sanciones adoptadas por el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump contra el tribunal. Akane intervino el lunes por vía remota y pidió a los 193 Estados miembros de la ONU que respalden a la institución, incluidos los países que no forman parte de la CPI.
Una intervención condicionada por las sanciones
Según informó La Jornada, la presidenta de la corte explicó que su participación a distancia estuvo motivada por las medidas aplicadas por Washington. A su juicio, se trataría de acciones excepcionales dirigidas no solo contra personas vinculadas al tribunal, sino también contra su funcionamiento institucional. Akane sostuvo que esas decisiones podrían afectar a jueces, fiscales y a la propia CPI.
“Tomar medidas concretas, individual y colectivamente, en defensa de la corte”.
La petición fue formulada ante el conjunto de la ONU, no únicamente ante los 125 países que integran la CPI. La jueza reclamó que los Estados actúen de manera individual y coordinada para proteger la capacidad del tribunal de desempeñar sus funciones. La información publicada no detalla nuevas medidas concretas adoptadas por los gobiernos participantes tras su intervención.
Medidas estadounidenses contra el tribunal
El Gobierno de Trump ya había impuesto sanciones contra funcionarios de la CPI y, en octubre de 2026, amplió sus medidas contra la corte como institución. La decisión se produjo mientras el tribunal mantiene investigaciones relacionadas con Estados Unidos y con países aliados de Washington, entre ellos Israel. La CPI no ha dictado en este contexto una sentencia sobre las acusaciones mencionadas en la información.
- 9 de octubre: Washington anunció nuevas sanciones de alcance amplio contra la CPI, según el relato de Akane.
- 2 de noviembre: la presidenta del tribunal informó a la Asamblea General de la ONU mediante una intervención remota.
- Estados Unidos: no forma parte del Estatuto de Roma que creó la CPI.
Akane vinculó la fecha del anuncio estadounidense con el reconocimiento internacional recibido ese mismo día por la jurista sudafricana Navi Pillay, antigua jueza de la CPI, al ser distinguida con el Premio Nobel de la Paz. La presidenta del tribunal presentó ambos acontecimientos como expresiones contrapuestas: por un lado, el respaldo al derecho internacional; por otro, las medidas dirigidas contra la institución encargada de aplicar justicia penal internacional.
Competencia de la Corte Penal Internacional
La CPI fue creada en 2002 para investigar y juzgar, cuando los Estados no pueden o no quieren hacerlo, presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Su actuación depende del marco de competencia previsto en el Estatuto de Roma y de la situación concreta examinada en cada procedimiento. Estados Unidos no es Estado parte de la corte, aunque el tribunal mantiene investigaciones que afectan a ese país y a sus aliados, incluido Israel, según la información difundida.
La intervención de Akane se produjo en un momento de tensión entre Washington y la CPI por las sanciones anunciadas contra sus funcionarios y contra el tribunal. La presidenta sostuvo que esas medidas no impedirán que la corte continúe con su labor. La información de La Jornada no recoge una respuesta oficial del Gobierno israelí a las declaraciones de la jueza ni una decisión posterior de la Asamblea General sobre la petición formulada.
