La Corte Internacional de Justicia (CIJ) tiene previsto pronunciarse este jueves sobre la demanda presentada por Gambia contra Myanmar por la campaña militar desarrollada en 2017 contra la población rohinyá. El tribunal, con sede en La Haya, deberá determinar si el Estado birmano incumplió sus obligaciones previstas en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948.
El procedimiento podría adquirir relevancia para otros litigios pendientes ante la CIJ, entre ellos la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel por los acontecimientos registrados en la Franja de Gaza. La resolución sobre Myanmar no decidiría ese caso ni establecería por sí misma la responsabilidad de ningún otro Estado, pero sus criterios sobre la interpretación de la Convención podrían ser examinados en futuros pronunciamientos judiciales.
Una demanda centrada en la responsabilidad del Estado
Gambia llevó el caso ante la CIJ en 2019, después de la ofensiva militar de 2017 en el estado de Rakáin. La acción sostiene que Myanmar habría incurrido en responsabilidad estatal por las agresiones y la persecución sistemática sufridas por la minoría musulmana rohinyá. La causa no tiene como objetivo juzgar penalmente a militares o dirigentes concretos, sino establecer si Myanmar incumplió sus deberes internacionales de prevenir y sancionar el genocidio.
Según la información publicada por La Vanguardia, durante aquella operación al menos 700.000 rohinyás huyeron hacia Bangladés. La población desplazada ha relatado asesinatos, violaciones y la destrucción de aldeas. El medio cifra en alrededor de 400 las localidades incendiadas durante la campaña de las fuerzas de seguridad birmanas, mientras que una estimación de Naciones Unidas situó en al menos 10.000 las personas asesinadas, una cifra que el propio organismo consideró conservadora.
“Actos genocidas”
Así definió una misión de investigación de la ONU las operaciones llevadas a cabo contra los rohinyás, según el mismo medio. La población de esta minoría musulmana había sufrido durante décadas persecución y restricciones de derechos, además de no ser reconocida como ciudadanía por las autoridades birmanas. Otros once países han manifestado formalmente su apoyo al procedimiento iniciado por Gambia.
La intención específica, el punto central
Para que exista genocidio no basta con acreditar que se cometieron actos graves contra miembros de un grupo protegido. El tribunal debe examinar también si esos actos se realizaron con la intención específica de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Esa exigencia jurídica constituye uno de los principales obstáculos en los procedimientos internacionales por este delito.
- Demandante: Gambia, con el respaldo de la Organización de Cooperación Islámica.
- Estado demandado: Myanmar, también conocido como Birmania.
- Grupo afectado: la minoría musulmana rohinyá.
- Tribunal: la Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de Naciones Unidas para las controversias entre Estados.
Myanmar rechaza la acusación de genocidio y sostiene que sus operaciones respondieron a una insurrección armada, de acuerdo con la información difundida por La Vanguardia. La posición del Estado demandado forma parte del debate que deberá valorar la CIJ junto con las pruebas y los argumentos presentados durante el procedimiento.
| Elemento del caso | Dato |
|---|---|
| Inicio de la demanda | 2019 |
| Ofensiva examinada | 2017 |
| Desplazamiento hacia Bangladés | Más de 700.000 rohinyás |
| Apoyos estatales al caso | 11 países |
La decisión será una de las primeras ocasiones en que la CIJ precise cómo debe acreditarse la intención genocida y qué responsabilidad puede atribuirse a un Estado por no prevenir, investigar o sancionar esos hechos. En el procedimiento relativo a Gaza, iniciado por Sudáfrica contra Israel, la Corte también deberá pronunciarse sobre alegaciones formuladas al amparo de la Convención contra el Genocidio. Mientras no exista una sentencia en cada causa, las acusaciones continúan siendo objeto de examen judicial y no equivalen a una condena.