Ordenes de arresto y señalamientos: el estado de las investigaciones ante la CPI
La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido, según el material recogido, órdenes de detención y encontrado motivos para creer en la comisión de delitos graves en dos procesos distintos. En el primer caso, fechado por la CPI el 17 de marzo de 2023, se habría dictado una orden de arresto contra Vladímir Putin y contra María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los derechos del niño de Rusia, por su presunta responsabilidad en el delito de deportación y traslado ilegal de población —específicamente menores— desde zonas ocupadas de Ucrania hacia Rusia, en relación con los artículos citados del Estatuto de Roma.
«No podemos permitir que se trate a los niños como si fueran botín de guerra»; dijo el fiscal de la Corte, Karim A. Khan, según el texto consultado.
En un segundo procedimiento, la CPI habría emitido, el 21 de noviembre de 2024, órdenes de arresto contra el entonces primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant. La Corte habría encontrado motivos para creer que, al menos desde el 8 de octubre de 2023 hasta el 20 de mayo de 2024, las personas investigadas podrían ser coautoras de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra; entre las imputaciones señaladas se menciona el uso del hambre como método de guerra por la restricción de la ayuda humanitaria y ataques intencionales contra civiles, así como la privación deliberada de recursos esenciales para la supervivencia de la población civil de la Franja de Gaza.
En el mismo procedimiento referido a los hechos en Gaza, la CPI habría encontrado además motivos razonables para creer que Mohammed Deib Ibrahim al-Masri, identificado como exjefe militar de Hamás, podría ser responsable de múltiples delitos susceptibles de constituir crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinato, exterminio, tortura, y violencia sexual, según el fragmento del informe citado.
Datos principales recogidos
- 17/03/2023: orden de arresto contra Vladímir Putin y María Lvova-Belova por presunta deportación ilegal de menores desde zonas ocupadas de Ucrania.
- 21/11/2024: órdenes de arresto contra Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant por presuntos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra vinculados a la situación en Gaza entre octubre de 2023 y mayo de 2024.
- Motivos razonables para creer la responsabilidad penal de Mohammed Deib Ibrahim al-Masri por delitos graves incluyendo violencia sexual y tortura, atribuida por la Fiscalía de la CPI en el marco de las investigaciones sobre Hamás.
El texto consultado atribuye las afirmaciones sobre las órdenes de arresto y las imputaciones a la propia CPI y al fiscal Karim A. Khan; no incluye en su contenido la respuesta de las personas o Estados implicados ni detalla el estado procesal actual más allá de la emisión de las órdenes y la expresión de «motivos para creer». La redacción de la Corte y de su Fiscalía suele señalar que la emisión de una orden de arresto y la existencia de motivos para creer no equivalen a una condena, y que el procedimiento sigue las etapas previstas por el Estatuto de Roma hasta que una eventual vista o sentencia lo resuelva.
| Fecha | Personas señaladas | Presuntas imputaciones |
|---|---|---|
| 17/03/2023 | Vladímir Putin; María Lvova-Belova | Deportación y traslado ilegal de menores desde zonas ocupadas de Ucrania |
| 21/11/2024 | Benjamín Netanyahu; Yoav Gallant | Crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra; uso del hambre como método de guerra y ataque intencional contra civiles en Gaza |
| — | Mohammed Deib Ibrahim al-Masri | Asesinato, exterminio, tortura, violación y otras formas de violencia sexual (crímenes de lesa humanidad) |
El material fuente indica que, en el caso ruso, los hechos investigados se habrían cometido en territorio ocupado de Ucrania «al menos desde el 24/02/2022»; añade además que, según afirmaciones recogidas, el presidente Putin habría adoptado medidas que facilitaron adopciones en Rusia de los niños trasladados. En relación con los procesos por hechos en Gaza, la imputación de que se usó el hambre como método de guerra se centra en restricciones a la ayuda humanitaria y en la privación deliberada de recursos esenciales de la población civil, tal como figura en la exposición resumida del procedimiento.
La información disponible no ofrece aquí precisiones adicionales sobre plazos procesales, audiencias previstas ni sobre si las órdenes han sido ejecutadas o si se han dictado medidas cautelares particulares. Asimismo, no se consignan en el texto las respuestas oficiales de los Estados o las personas individualmente aludidas.
Los hechos y las fechas expuestas se presentan en el material consultado como referidos a determinaciones y hallazgos preliminares de la Fiscalía de la CPI y a órdenes emitidas por la Corte. La calificación penal definitiva corresponde, en su caso, a decisiones judiciales posteriores conforme al Estatuto de Roma y al debido proceso; hasta entonces, las imputaciones deben entenderse en el marco de la presunción de inocencia y del curso procesal.
