Mandatos de la ONU instan a preservar la cooperación con la CPI
Cinco expertos de la ONU dirigieron una comunicación oficial al Estado venezolano en la que le solicitaron reconsiderar la denuncia del Estatuto de Roma y mantener su pertenencia al sistema de justicia penal internacional. La nota, identificada como AL VEN 3/2026, fue remitida el 18 de agosto de 2026 y se hizo pública al expirar el plazo de 60 días para una respuesta, que, según los expertos, no ha llegado.
Los firmantes —tres relatores especiales y dos grupos de trabajo— advirtieron que la decisión de denunciar el Estatuto entraña “riesgos inconmensurables” para el acceso de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación por violaciones graves del derecho internacional, incluidas las que constituyen crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio.
“Conlleva riesgos inconmensurables para el acceso de las víctimas y sus familias a la verdad, la justicia y la reparación por las violaciones más graves del derecho internacional, en particular los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio”, dijeron los expertos.
La comunicación fue suscrita por los siguientes mandatos:
- Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
- Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
- Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
- Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados.
- Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas.
Según la nota citada por los expertos, las autoridades interinas de Venezuela notificaron la denuncia del Estatuto de Roma el 24 de julio de 2026. Los especialistas recordaron que, conforme al artículo 127 del Estatuto, la denuncia produce efectos un año después de su notificación al secretario general de la ONU; hasta esa fecha, el Estado conserva las obligaciones derivadas de su condición de parte.
En su comunicación, los mandatos subrayaron además que la retirada no afecta la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) respecto a crímenes cometidos durante el periodo en que el Estado era parte del Estatuto, ni libera a Venezuela de las obligaciones de cooperación vinculadas a procedimientos ya iniciados por la CPI.
| Hecho | Fecha |
|---|---|
| Notificación de la denuncia del Estatuto de Roma | 24 de julio de 2026 |
| Comunicación AL VEN 3/2026 enviada a Venezuela | 18 de agosto de 2026 |
| Plazo legal para que la denuncia surta efecto | 1 año desde la notificación |
Los expertos en derechos humanos situaron la decisión venezolana en un marco regional y mundial de crecientes objeciones o retiradas al Estatuto por parte de varios Estados, y mencionaron la reacción institucional que ha tenido lugar en la Asamblea de los Estados Partes tras las salidas de Burkina Faso, Malí y Níger, según la nota difundida por la organización que publicó la comunicación.
Sobre las críticas a supuesta selectividad de la CPI, los relatores y grupos de trabajo señalaron que esas preocupaciones deben abordarse mediante el diálogo institucional previsto en los instrumentos internacionales, sin que la denuncia automática del Estatuto sea la única vía para plantearlas, según el texto hecho público.
La comunicación completa y la lista de firmantes se difundieron públicamente cuando venció el plazo de respuesta de 60 días; hasta el momento de hacer pública esta nota no consta una réplica oficial de las autoridades interinas venezolanas, según la fuente.
Los mandatos pidieron al Estado revisar su posición para evitar lo que describieron como consecuencias adversas sobre el acceso de las víctimas a mecanismos internacionales de justicia y reparación, y recordaron las obligaciones legales que acompañan la condición de parte del Estatuto mientras la denuncia no haya producido efectos.
