El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador contra una plataforma de servicios turísticos por no haber retirado anuncios de alojamientos ubicados en territorios palestinos ocupados tras los requerimientos remitidos desde España, informó el departamento que dirige Pablo Bustinduy.
Requerimientos y respuesta de las plataformas
Según el comunicado ministerial recogido por Forbes España y por la agencia EP, la Dirección General de Consumo detectó comunicaciones comerciales relativas a alojamientos situados en territorios palestinos ocupados y notificó el hallazgo a siete multinacionales que operan en España. El requerimiento instaba a la inmediata retirada o al bloqueo del acceso desde territorio español a esos anuncios.
- Seis de las siete plataformas notificadas procedieron a bloquear o a eliminar los anuncios desde España.
- Una plataforma, en cambio, mantuvo la visibilidad de esos anuncios desde España pese a haber recibido hasta tres notificaciones.
El Ministerio ha decidido ahora iniciar un expediente sancionador contra esa única multinacional por posibles prácticas de publicidad ilícita.
Régimen sancionador y marco legal
El expediente se instruye por una posible infracción de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. El departamento advierte de que, en caso de concurrir agravantes, la conducta podría calificarse como grave y dar lugar a multas de hasta 100.000 euros o de entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido, según la norma.
La apertura del expediente se enmarca, además, en el contexto del Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a las víctimas, citado por el Ministerio como referencia para estas actuaciones administrativas.
Situación procesal y alcance
Desde la Dirección General de Consumo se subraya que la iniciación del expediente sancionador no prejuzga el resultado final de la investigación, lo que implica que la decisión sobre la existencia de una infracción y la graduación de la sanción corresponderá al procedimiento administrativo correspondiente.
| Elemento | Datos aportados |
|---|---|
| Plataformas notificadas | 7 |
| Plataformas que eliminaron o bloquearon anuncios | 6 |
| Plataforma investigada que no retiró contenido | 1 (notificada hasta en tres ocasiones) |
| Multa máxima prevista | 100.000 euros o entre 4 y 6 veces el beneficio ilícito |
El expediente responde a los requerimientos que la propia Dirección General de Consumo formuló tras detectar el contenido en las plataformas. No se facilita en la nota ministerial el nombre de la empresa objeto del expediente ni detalles sobre los anuncios concretos ni su localización exacta dentro de los territorios palestinos ocupados.
Argumentos y alcance político
El Ministerio ha vinculado esta actuación al Real Decreto-ley aprobado para adoptar medidas urgentes en relación con el genocidio en Gaza y el apoyo a sus víctimas, instrumento que, según el comunicado oficial, justifica la intensificación de los controles y las obligaciones de las plataformas cuando sus contenidos afectan a territorios palestinos ocupados.
La investigación administrativa abierta deberá determinar si la conducta de la plataforma constituye una práctica de publicidad ilícita y si existen circunstancias agravantes que permitan tipificar la infracción como grave.
El inicio del expediente, según el propio Ministerio, no prejuzga la resolución final del procedimiento, que seguirá los trámites previstos en la normativa administrativa aplicable.
